He aquí una reproducción de www.tekojoja.org.py
*ATAQUES VERBALES Y CRUDAS REALIDADES**Entre el discurso presidencial y el ejercicio de la libertad de expresión*
*no me gaste las palabras
no cambie el significado
mire que lo que yo quiero
lo tengo bastante claro *
*no me ensucie las palabras
no les quite su sabor
y límpiese bien la boca
si dice revolución.*
*Mario Benedetti*
Las últimas semanas marcaron un periodo de sistemáticos ataques del
presidente de la república, Nicanor Duarte Frutos, a la prensa. Cuestionó la
falta de independencia de los medios, el afán de lucro detrás de las
publicaciones, la mercantilización de la información, y la presión que
ejercen como poder en la opinión pública. Ante este diagnóstico propuso como
solución una ley de prensa, sin que aclare el contenido de la misma,
generando reacciones de muchos sectores contra tal intento, pues pondría en
peligro el derecho a la *libertad de expresión.* Considerando que no es la
primera vez que este derecho levanta polvareda, lo que hay que ver es si len
el fondo no sirve para cubrir otra realidad.
Puesta así, *a secas*, la libertad de expresión no es más que una
abstracción "carente de carne humana, de vida real", como dijo alguna vez
Julio Benegas, periodista de ABC Color y miembro del Sindicato de
Periodistas del Paraguay (SPP). Desvinculada de una base real, cualquier
discusión que se inicie, a favor o en contra, solo genera una guerra de
palabras inútiles, porque no se pone sobre el tapete de la discusión las
condiciones de aquellos que ejercen esa libertad o que aspiran a ejercerla,
que no son otros que los trabajadores y trabajadoras de la prensa, los
sectores populares, las comunidades y las organizaciones sociales.
Lo que no hizo el presidente, porque sencillamente no podría justificar esa
realidad, fue referirse al ejercicio concreto de la libertad de expresión.
No podría porque implicaría hablar de un sector que no forma parte del
círculo de privilegiados del poder, sino que sufre las consecuencias de no
serlo. Son los más de 10 mil periodistas, camarógrafos, noteros, móviles,
cronistas y otros *que hacen la calle día a día*, *construyendo con su sudor
las noticias, en medio de tantas dificultades, poniendo a disposición de la
población el contenido de lo que ésta va a leer, escuchar y ver. *
Poner a estos trabajadores/as en el eje de la discusión implicaría referirse
a uno de los múltiples sectores olvidados por el gobierno; implicaría una
postura política sobre una situación de la que es uno de los responsables
directos, por lo que el presidente siempre preferirá omitirlos de su
discurso, de manera a continuar planteando peleas contra el viento,
*inofensivas,
de aquellas que al rascar se desarman.*
El sábado 22 de diciembre se realizó una jornada de debates políticos en el
Movimiento Popular Tekojoja, donde el Secretario General del SPP, Vicente
Páez, expuso un diagnóstico de la situación de los trabajadores/as de la
prensa ante militantes de este y otros movimientos. Mencionó las
dificultades de trabajar en medio de violaciones continuas a los derechos
laborales ganados en históricas luchas, como el salario mínimo, jornada de 8
horas, remuneración adecuada por horas extras o trabajo nocturno,
vacaciones, jubilación o aportes al IPS.
¿Como podría considerarse *libre* aquel que está recibiendo un salario que
no asegura llegar a fin de mes, aquel que trabaja con miedo a perder su
empleo, o el que sin empleo busca desesperadamente donde poder ser
explotado? ¿Por qué se borra de la discusión de la libertad de expresión a
los trabajadores/as de prensa que por meses reciben solo viáticos y no
salarios, que trabajan en relación de dependencia pero sin contratos, o que
sabiendo de la falta de garantías laborales viven el riesgoso dilema -que
sus patrones no tienen-, de tomar posturas en contra a los grupos de poder o
de su propia línea editorial?
La libertad de expresión termina de ser una frase hueca cuando el interés
apunta a las condiciones laborales de quienes la ejercen, o a los
*medios*mediante los cuales se ejercen. El presidente Duarte Frutos
critica la
mercantilización de la información por los medios masivos de comunicación,
cayendo en una obviedad simplista, pues éstos son propiedad exclusiva de
personas o grupos con fuertes intereses empresariales y políticos. Lo que el
presidente no entra a cuestionar es que el mercado comunicacional se agota
en un oligopolio privado, pues ahí si tendría una responsabilidad que asumir
como gobernante.
En otros países esta situación se intenta revertir mediante medios de
comunicación de carácter público, como la BBC de Londres o TV Cultura de
Brasil, o mediante los medios comunitarios locales, democratizando el acceso
a la comunicación. Pero en Paraguay esto pondría en jaque a uno de los
pilares que sostiene el poder político: la distribución de las frecuencias
locales a caudillos, desde donde, por un lado, realizan un bombardeo
propagandístico continuo, y por otro, evitan que los miembros de una
comunidad expresen sus voces sin intermediarios. Esta administración
selectiva de la libertad de expresión, con un silencio forzado a las
organizaciones locales y la asignación de las frecuencias a los aliados del
poder, corre por cuenta de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(CONATEL), que es una institución del Estado.
Así cae al vacío el discurso presidencial. Según Marco Castillo (SPP), "los
supuestos ataques a los medios corporativos se contradicen con los reales
ataques a los medios comunitarios por parte de organismos del Estado". El
informe realizado por Castillo y Paez sobre la situación de la libertad de
expresión en el año 2007, publicado por CODEHUPY, da algunos elementos que
indican la verdadera conducta gubernamental:
Entre otros casos destacados del presente año está el decomiso de los
equipos de una radio del Movimiento Campesino Paraguayo por una delegación
fiscal, acompañada de 25 agentes "antimotines". Otro grave caso fue la
amenaza de muerte a un comunicador de la radio "Revolución" de San Lorenzo,
a fin de que parara la emisión de microprogramas sobre una campaña de
reforma agraria.
Varias radios comunitarias denuncian persecución por parte de la CONATEL, y
varios periodistas, largados a su suerte en diversas localidades en medio de
las mafias vinculadas al Estado, sufren el peligro de lo que significa
apenas realizar su trabajo. Dos casos emblemáticos son muestras de la
dimensión de esta situación: caso de Kike Galeano, que denunció a políticos
y narcotraficantes y terminó con un exilio forzado; y del periodista chileno
Tito Palma, que denunció a las mafias de combustibles vinculados a políticos
y policías, y terminó acribillado. El Estado es responsable de que el terror
sea una realidad en el mundo periodístico.
Vicente Páez también mencionó el problema de los espacios televisivos del
espectro radioeléctrico: "Una sola persona, de quien nadie en el país vio
una foto, que no vive aquí ni conoce nuestra realidad, y que se le conoce
como el 'fantasma González', concentra prácticamente 3 canales de
televisión: Canal 5, Canal 9 (SNT) y posiblemente el Canal 13". Además de
este monopolio, señaló que el Canal 5 es una frecuencia establecida para un
canal educativo, así como el Canal 2 para uno de carácter rural, siendo que
ninguno de los dos cumple esos requisitos y el gobierno nada hace.
El dirigente del SPP cerró su exposición remarcando la necesidad de que las
organizaciones sociales y políticas conozcan la realidad de los medios de
comunicación y los trabajadores/as de la prensa, porque así se divulgará a
la sociedad las posturas reales de este gobierno contra sus propias
obligaciones. Mencionó las luchas conjuntas del SPP con otros sectores
sociales, como los campesinos, recordando los asesinatos y represiones que
hasta hoy están impunes, demostrando que el gobierno está en contra de
cualquier organización que busque transformar el orden injusto que
administra. Sólo como ejemplo, citó que puede verse que así como permite la
desigualdad en la propiedad de la tierra, con latifundios apropiados de
manera ilegal por aquellos que no son sujetos de la reforma agraria, como
aquellos militares, políticos y empresarios que se quedaron con las tierras
repartidas por la dictadura, en el tema comunicacional ocurre lo mismo, con
latifundios en el espectro radioeléctrico, a pesar de que éste es propiedad
de la población y que debería administrarse en función a ella.
El sector privado tiene el derecho a la libertad de expresión, pero no es el
único y existen otros sujetos sociales que también tienen ese derecho y lo
necesitan.
El Movimiento Popular Tekojoja se suma a la denuncia contra la política del
gobierno de favorecer el monopolio privado del espectro radioeléctrico y la
represión a los medios comunitarios, a su falta vigilancia para garantizar
el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores/as en general
y de la prensa en particular, y a su mentirosa y vacía guerra verbal contra
la prensa.
Es necesario un análisis crítico de la libertad de expresión, para escapar
de los dogmas y espantar la polvareda que se levanta para cubrir la cruda
realidad de las condiciones en las que se ejerce, entendiendo que este
derecho solo será real cuando aquellos que la ejercen participen activamente
en la construcción de políticas comunicacionales, cuando se encuentre al
alcance de la mayoría excluida de la población paraguaya, así como de las
distintas organizaciones sociales y políticas, de manera plural pero siempre
en función de la equidad.
*Movimiento Popular Tekojoja
*
